Confirma PGR en Chiapas, cateo de casa relacionada con Javier Duarte

Ezequiel Gómez García /ASICh

La Delegación Estatal de la PGR en Chiapas confirmó el cateo de una vivienda del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte en el Fraccionamiento San Patricio en Tuxtla Gutiérrez, donde decomisaron, 54 mil Dólares.

La delegación de la PGR informó que agentes de la Agencia federal de Investigación Criminal y la Subprocuraduría en Investigación de Delitos Federales cumplimentaron una orden de cateo obsequiada por el Juez federal del Sistema Penal Acusatorio en el Estado.

La Vivienda allanada por la autoridad federal es propiedad de los suegros del ex gobernador de Veracruz, Jesús Macías y María Virginia Jazmín Tovilla, quienes son investigados por la PGR.

A los suegros de Duarte desde hace cinco años son investigados por la presunta comisión de enriquecimiento ilícito, de acuerdo con la información difundida en un noticiero nacional.

En el Inmueble, ubicado en el fraccionamiento San Patricio en Tuxtla Gutiérrez, los agentes federales incautaron 54 mil dólares que en pesos suma una cantidad superior a un millón 242 mil pesos, además se encontraron equipos de cómputo y radiocomunicaciones.

Hay que destacar que el matrimonio Macías Tovilla obtuvo del juez federal Patricio Leopoldo Vargas Alarcón un amparo para suspender la orden de captura, derivada de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito.

En las últimas horas la Secretaría de Marina desmintió que Javier Duarte hubiera sido detenido mediante un operativo policiaco en Costa Rica donde la movilización no tuvo éxito. ASICh

PGR ejecuta orden de aprehensión contra Secretario General de la Sección XXII del SNTE en el Estado de Oaxaca

Ciudad de México.

La Procuraduría General de la República informa que con el apoyo de la Policía Federal, dio cumplimiento a una orden de aprehensión librada por el Juez Octavo de Distrito de Procesos Penales Federales en la Ciudad de México en contra del Secretario General de la Sección XXII del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en el Estado de Oaxaca.

El mandamiento judicial fue librado el día 14 de abril de 2016 contra el Secretario General de la Sección XXII del SNTE, al encontrarse elementos de prueba suficientes para considerarlo probable responsable del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, previsto y sancionado por el artículo 400 bis, fracción I, del Código Penal Federal.

La conducta imputada al referido líder sindical consiste en la adquisición y/o administración de recursos económicos de procedencia ilícita, y posteriormente su utilización por el ahora inculpado.

En la indagatoria realizada se acreditó que los recursos económicos fueron adquiridos por el aprehendido como derivación de la celebración de convenios ilícitos.

La investigación realizada permitió comprobar que, al amparo de diversos convenios suscritos por la Sección XXII del Sindicato con algunas empresas, éstas entregaron al imputado, de manera directa, indirecta o por interpósitas personas, una comisión quincenal del 3.5%, calculado sobre la cobranza de la quincena respectiva, por las ventas y/o servicios que proporcionaban a sus agremiados, a los cuáles, a su vez, se les descontaba el pago de los bienes, productos o servicios adquiridos a través de la nómina que se administraba cuando la Sección XXII aún controlaba el Instituto de Educación Pública de Oaxaca.

El monto de las operaciones con recursos de procedencia ilícita que fueron adquiridos y administrados por el inculpado asciende a más de 24 millones de pesos, como resultado de los depósitos que las empresas involucradas hicieron en el período comprendido de 2013 a 2015, en cumplimiento a los convenios calificados de ilícitos.

Es conveniente mencionar que la ley prohíbe que la Sección XXII suscriba ese tipo de convenios, dado el carácter eminentemente lucrativo de dichos acuerdos, de conformidad con los artículos 378 de la Ley Federal del Trabajo y 79 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, que prohíben a los sindicatos ejercer la función o profesión de comerciantes, con ánimo o fines de lucro.

Al respecto cabe destacar que los sindicatos gozan de un régimen tributario de excepción, precisamente por el impedimento legal para realizar actividades lucrativas. Por tanto, solo pueden recibir recursos que provengan de una fuente lícita, lo que en el caso se transgredió.

La Procuraduría General de la República participará activamente ante la autoridad judicial, conforme a sus atribuciones, para que se aplique la ley a quienes han sido puestos a disposición de los tribunales por su presunta responsabilidad en los hechos.

Esa pertinente destacar que, respecto a los mismos hechos hace algunas semanas fue aprehendido el Secretario de Finanzas de la misma organización sindical, a quien el 22 de abril de este año fue dictado el auto de formal prisión respectivo por la autoridad Judicial competente. Ambos quedan internados en centros federales de readaptación social.

Asimismo, la Procuraduría General de la República continuará investigando la posible participación de otras personas en los hechos referidos, así como la probable comisión de otros ilícitos.

En éste, como en todos los casos, la Procuraduría General de la República continuará profundizando las investigaciones respectivas con estricto apego a derecho.

Cumplimenta PGJE orden de aprehensión en contra de presunta tratante en Chiapas

Mazatán, 06 de Mayo del 2016.- La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), cumplimentó una orden de aprehensión en contra de Emilse Sandoval, como probable responsable del delito de Trata de personas.

Lo anterior, en atención a una orden otorgada por el Juez Penal del Distrito Judicial de Tapachula.

De acuerdo a las investigaciones, se pudo conocer que la indiciada, propietaria del bar denominado el "Ranchón", se dedicaba a contratar a mujeres jóvenes de nacionalidad extranjera para realizar actividades de meseras en el inmueble y las obligaba a “fichar” y a mantener relaciones sexuales con los clientes que asistían al lugar.

Actualmente, la imputada se encuentra recluida en el Centro de Reinserción Social para Sentenciados, donde enfrenta el proceso en su contra.

De esta forma, la Procuraduría General de Justicia del Estado refrenda su firme compromiso en la prevención y combate frontal a la denominada Esclavitud del Siglo XXI, en todo el territorio estatal.

Asimismo, la dependencia estatal exhorta a la población en general a hacer uso del Centro Especializado de Denuncia Anónima Fuerza Ciudadana, a través de la línea gratuita 01 800 4 26 26 66, desde cualquier parte del territorio chiapaneco, accesando a la páginawww.pgje.chiapas.gob.mx/servicios/buzon, por medio del buzón postal y descargando gratuitamente la aplicación móvil a su teléfono celular.

También pone a su disposición la página www.pgje.chiapas.gob.mx y el Twitter oficial @pgjechiapas y @FuerzaCiu. Recuerde, su participación es muy importante.

El nuevo sistema de justicia penal a nivel federal se aplica a partir de este lunes en Chiapas, y con ello el Sistema de Justicia Penal Acusatorio (SJPA).

Al presidir la ceremonia de inicio, Francisco Martín Camberos, coordinador de Supervisión y Control Regional de la Procuraduría General de la República (PGR), recordó que el SJPA entra en vigencia en el estado, al igual que en otras seis entidades del país.

En un comunicado, aseguró que con este nuevo modelo procesal acusatorio, la PGR se encuentra ante la oportunidad de ganar la confianza ciudadana.

Declaró que con la aplicación del Código Nacional de Procedimientos Penales para todos los delitos federales en Chiapas se cumple la legislación, nos hemos capacitado y preparado debidamente.

Martín Camberos reconoció que la Procuraduría General de la República entiende que esta nueva forma conlleva una elevada responsabilidad porque al mismo tiempo que contiene un cambio importante, nos genera la oportunidad de servir mejor a la sociedad con un modelo más equitativo, transparente y de mayor expedites.

Convocó a los agentes del Ministerio Público de la Federación, elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), personal de Servicios Periciales, Analistas y demás personal de la PGR en Chiapas, a participar activamente en la transformación de los procedimientos de investigación de los delitos.