42 mil hectáreas en disputa podrían convertirse en el nuevo motor agrícola del sur Manuel Jiménez, Agencia Reporteciudadano. Chiapas, 12 de marzo del 2026.- En el corazón de la Selva Lacandona, donde los ríos Usumacinta y Tzaconejá serpentean entre montañas, se extiende un territorio de más de 42 mil hectáreas que guarda un secreto: es una de las regiones más fértiles y mejor irrigadas de Chiapas, pero desde el levantamiento zapatista de 1994 vive atrapado en un laberinto legal. Ahora, después de tres décadas, una resolución judicial podría desbloquear su destino y transformarlo en un polo de desarrollo para los municipios de Las Margaritas, Ocosingo y Altamirano. Estas tierras, bañadas por algunos de los principales afluentes del estado, poseen un valor estratégico incalculable. "Son suelos privilegiados, con agua abundante durante todo el año. Si se aprovecharan con tecnología de riego y planes productivos, podrían convertirse en la despensa de Chiapas", asegura el ingeniero agrónomo Iran Estrada, quien ha seguido de cerca el conflicto. Hoy, una parte de esas hectáreas es habitada y trabajada por adherentes al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), quienes las ocuparon tras el alzamiento armado. Pero la falta de certeza jurídica ha mantenido la zona en el abandono: sin acceso a créditos, sin programas gubernamentales y sin posibilidad de desarrollar su verdadero potencial. El panorama, sin embargo, está a punto de cambiar. Los antiguos propietarios, organizados en asociaciones de afectados y desplazados, esperan que el Poder Judicial Federal emita en los próximos días una indemnización que ponga fin al conflicto. "Regresar a nuestras tierras ya no es una opción. La violencia y la amenaza constante nos lo impiden. Lo que pedimos es una compensación justa que nos permita reiniciar nuestras vidas", declara Raymundo García, dirigente de la Asociación de Afectados y Desplazados. Para Estrada, el fallo judicial no debe verse como un punto final, sino como el inicio de una nueva etapa. "El gobierno estatal tiene la oportunidad de impulsar un proyecto integral que incluya sistemas de riego, asistencia técnica y apoyos para la producción de maíz, frijol, café y ganadería. Si se trabaja en coordinación con quienes hoy viven en esas tierras, el beneficio sería enorme", explica. La riqueza hídrica de la zona es uno de sus mayores activos. Los ríos Usumacinta y Tzaconejá, junto con otros afluentes, riegan estas parcelas casi todo el año, un lujo que pocas regiones del país pueden presumir. "Es un tesoro que ha estado detenido por décadas. Con la regularización de la tierra, podríamos acceder a recursos federales y estatales que hoy no llegan por falta de papeles", añade García. De concretarse la indemnización y el posterior plan de desarrollo, la región podría dar un salto histórico: pasar del rezago a convertirse en un ejemplo de cómo resolver conflictos agrarios con visión de futuro. La pelota está ahora en la cancha de las autoridades, que tienen la oportunidad de escribir un nuevo capítulo para el campo chiapaneco.