Anotó el caso particular de la juez Isabel Álvarez Ramos, quien no obstante no haber cometido un delito no grave, porque así lo contempla el Código Penal, se le ha privado de su libertad desde hace más de un año. Esto se ha hecho injustamente porque es una persona que le ha servido durante más de 25 años a la impartición y administración de justicia en el Poder Judicial del estado. 

El jurista advirtió que en este caso es una vendetta política que la está privando de su libertad, aun cuando el artículo 422 del Código Penal no establece como delito grave la conducta que ella cometió. Por un tecnicismo jurídico, de una petición de un fiscal del Ministerio Público que no fue debidamente sustentada se le mantenga privada de su libertad. 

Consideró que las normas jurídicas deben ser más flexibles con respecto a este tipo de delitos, que oficiosamente las autoridades jurisdiccionales deben actuar en consecuencia. 

Si bien es cierto que la pandemia por Covid 19 vino a detener muchos aspectos procesales en materia civil y material penal, pero esto no implica que se pueda dar esa atención para poder otorgar la libertad a aquellas mujeres que no han cometido un delito grave. 

Asimismo, consideró que debe de implementarse un mecanismo enfocado al respeto al Estado de Derecho, sobre todo que esta expresión es parte de los discursos de todo funcionario, pero desafortunadamente esto no ha operado en toda su magnitud en estos momentos. 

Inclusive, el nuevo sistema de justicia penal era para acelerar los procesos judiciales, pero desafortunadamente esto no ha sido realidad, hay mucha ineficiencia e incapacidad en los fiscales del Ministerio Público; no hay un orden verdaderamente estricto que vigile la celeridad en estos asuntos procesales, particularmente en los registros de atención y las carpetas de investigación. Es necesario que se revise, analice y reflexivamente se actúe. 

En el caso de la juez Isabel Álvarez, indicó que el Código Penal es preciso y conciso, por lo que los funcionarios judiciales pueden tener errores de criterios, pero no necesariamente deben ser sancionados por un error que sea involuntario. 

La juez debería de obtener su libertad de inmediato, con las medidas cautelares que se establecieran, porque dentro del proceso demostró pruebas que le favorecen, pero como se le ha dado mucha publicidad al feminicidio, al acoso sexual, que muchas veces pueden ser utilizados para realizar venganzas u obtener prebendas. 

Si bien es cierto, las mujeres tienen sus legítimos derechos consagrados, pero la igualdad ante la ley debe prevalecer siempre. Si hay una razón jurídica debe atenderse en toda su magnitud, pero también si hay un error dentro de la conducta de alguna persona mujer u hombre, también debe aplicarse la ley de manera transparente y sobre todo de manera estricta. 

Hasta hoy hay un número grande de mujeres recluidas en los penales de Chiapas, que en cualquier momento podrían obtener su libertad si se aplica el Estado de Derecho. 

Dijo que anteriormente Teléfonos de México pagaba fianzas a personas que no cometían delitos graves, por lo que sería bueno actuar en consecuencia, luego de que hay tantos discursos oficiales en beneficio de las mujeres. Seamos más concisos para apoyar a estas damas para que obtengan su libertad, a través de una garantía. Esa sería la mejor manera de honrar a la mujer y respetar un derecho humano, puntualizó. ASICH