Logra Fiscalía 50 años de prisión contra cuatro personas por secuestro exprés

·         En Chiapas se garantiza el Estado de derecho y toda conducta antisocial no queda impune

Tapachula, 02 de abril del 2019.- La Fiscalía General del Estado (FGE), a través de la Fiscalía de Distrito Fronterizo Costa, obtuvo sentencia condenatoria de 50 años de prisión en contra de cuatro sujetos como responsables del delito de secuestro exprés agravado en agravio de un ciudadano por hechos ocurridos en 2016.

Lo anterior, luego de que elementos de la Policía Especializada de la Fiscalía General del Estado (FGE), detuvieran en el año 2016 a Miriam “N”, Mayra “N”, Benito Alejandro “N” y Juan Martín “N”, en atención a una orden de aprehensión emitida por un Juez de Control en el marco de la Causa Penal 87/2016.

En audiencia de juicio oral, el Fiscal del Ministerio Público desahogó diversas pruebas, demostrando ante el Juez de Enjuiciamiento con sede en Tapachula la responsabilidad penal de los sujetos, por lo que la autoridad judicial determinó declarar penalmente responsables del delito que se les atribuye.

De acuerdo con las investigaciones, la Fiscalía de Chiapas estableció que los hechos ocurrieron el 6 de agosto de 2016, cuando Benito Alejandro y Mayra se presentaron al domicilio de la víctima ubicado en el municipio de Frontera Hidalgo con el argumento de comprarle un vehículo que tenía en venta.

La víctima accedió a que los hoy sentenciados realizaran una prueba de manejo de la unidad, por lo que él también iba a bordo junto con Benito Alejandro y Mayra; seguidos en todo momento por un vehículo tipo Jetta de color gris con placas del Distrito Federal en el que viajaba Juan Martín.

Al circular sobre el tramo carretero que conduce de Tuxtla Chico a Tapachula, los sujetos ingresaron a un paraje y mediante el uso de un arma de fuego le exigieron a la víctima la cantidad de 500 mil pesos, además de la factura de la camioneta en la que se desplazaban, o de lo contrario lo privarían de la vida.

En ese momento la víctima señaló que no contaba con esa cantidad de dinero, por lo que llamó a un familiar.

De acuerdo con indicaciones de los sujetos, la víctima debería ordenar que el dinero lo entregara a Miriam en la ciudad de Tapachula.

Una vez realizada la entrega del dinero y factura del vehículo a la sentenciada Miriam en la ciudad de Tapachula, los captores lo liberaron sobre la carretera que conduce de Tuxtla Chico a Tapachula y huyeron a bordo de la unidad propiedad de la víctima.

Luego de la denuncia presentada por la víctima, la Fiscalía de Distrito dio inicio a la correspondiente Carpeta de Investigación por el delito de secuestro exprés agravado.

Después de que elementos de la Policía Especializada del área de inteligencia e investigación y el Fiscal del Ministerio Público llevaran a cabo el desahogo de las investigaciones correspondientes, recabaron datos precisos de la identidad de los responsables que concluyó con una sentencia condenatoria en contra de los responsables.

Miriam, Mayra, Benito Alejandro y Juan Martín se encuentran recluidos en el Centro de Reinserción Social para Sentenciados (CERSS) número 03 y 04 con sede en Tapachula, donde compurgarán la sentencia dictada en su contra.

SSyPC recupera vehículo robado con violencia en Tuxtla Gutiérrez

·        La coordinación entre C4i y Policía Estatal Preventiva permitió la ubicación del vehículo marca Nissan tipo Tiida, en calidad de abandonado

Tuxtla Gutiérrez, 28 de marzo del 2019.- Elementos de la Policía Estatal Preventiva de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC), en coordinación con la Dirección Estatal de Control, Comando, Comunicación, Cómputo e Inteligencia (C4i), lograron la recuperación de un vehículo robado, en el lado norte oriente de esta ciudad.

Los uniformados recibieron el reporte de parte de los radiooperadores de C4i, quienes alertaban sobre el robo a mano armada de un vehículo marca Nissan tipo Tiida de color rojo y placas de circulación DPX-071-A del estado de Chiapas, despojado a su dueño sobre el andador Fray Matías de Córdova y Fernando Castañón Gamboa de la colonia Unidad Chiapaneca.

Ante la denuncia, las y los policías estatales preventivos y municipales realizaron las tareas de búsqueda y rescate, permitiendo ubicar dicha unidad en calidad de abandonada sobre la calle Ruby y Gema de la colonia Jardines del Pedregal.

Cabe destacar que el vehículo en mención se localizó con las puertas abiertas mientras que en el interior se encontraron aparatos electrónicos, por lo que se realizó la cadena de custodia respectiva del objeto del delito, como lo marca el protocolo nacional de actuación de primer respondiente.

Ninguna autoridad ha detenido el problema entre Chenalhó y Aldama

Soel Gómez, Agencia ReporteCiudadano.

San Cristóbal, 28 de marzo del 2019.- De nueva cuenta el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) pidió a las autoridades se desarticulen los grupos armados que se encuentran en Chenalhó, ya que la vida de cientos comuneros entre Aldama y Chalchihuitán se encuentran en peligro.

“La relación que pudieran tener con autoridades municipales, estatales y federales; Origen de las armas utilizadas; Fuente del adiestramiento en el uso de las armas y para realizar operaciones armadas coordinadas. Investigación que debe de ser llevada a cabo por autoridad con capacidades técnicas suficientes”.

Asimismo, dieron a conocer que el primero de mayo de 2018 se instaló las Bases de Operaciones Mixtas (BOM) en Saclum, pero persistieron las agresiones con armas de fuego, pues se suman 17 de las 22 personas asesinadas de Santa Martha y 2 de las 5 personas asesinadas de Aldama las que fueron en ataques posteriores a la instalación de elementos policiacos y militares en la zona.

“Con la omisión de militares de la VII Región Militar al mando del Comandante Carlos Ramón Carrillo del Villar y elementos de la Secretaría de Seguridad y Participación Ciudadana”.

Finalmente, demandaron cese a la militarización de territorios en Chiapas, especialmente las regiones con población víctimas de desplazamiento forzado en Los Altos, además un alto a la criminalización, hostigamientos y judicialización a representantes de familias desplazadas de Chalchihuitán y Aldama.