Instituciones piden a senadores rechazar Ley de Seguridad Interior

La Universidad Iberoamericana y el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) llamaron a los senadores a no aprobar la Ley de Seguridad Interior debido a que aseguraron que prolonga un modelo de seguridad fallido y consideraron que es urgente avanzar hacia una política de seguridad pública profesional.

En un comunicado conjunto, indicaron que si los legisladores aprueban la Ley de Seguridad Interior, "estaremos ante un acontecimiento que podría acarrear consecuencias aún peores en materia de inseguridad, violencia, violaciones a los derechos humanos y criminalización de la protesta social".

 

Manifestaron que además de los cuestionamientos de actores de la sociedad civil, defensores de los derechos humanos, especialistas e investigadores, así como cuerpos colegiados y universidades que han señalado la inconstitucionalidad de la Ley, no se ha cumplido la promesa de los últimas cuatro administraciones federales de que la intervención militar en seguridad pública será temporal.

"La Ley referida confirma lo contrario y podría producir un efecto de militarización irreversible y de consecuencias irreparables. El dictamen de la Ley de Seguridad Interior aprobado por la Cámara de Diputados incluye una amplia y ambigua definición de lo que es seguridad interior, lo que en la práctica derivaría en la identificación discrecional de riesgos y amenazas que justificarían la intervención militar", señalaron.

Agregaron que esa ley es también ajena a los parámetros mínimos de transparencia y rendición de cuentas, debido a que clasifica como información de seguridad nacional toda la información generada por la aplicación de dicha ley, además que "permitiría a las fuerzas armadas actuar por sí, sin coordinarse y menos aún subordinarse al poder civil; lo cual es una seria amenaza a la continuidad de las instituciones democráticas".

 

Por otra parte, en una carta enviada a los senadores, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña "Tlachinollan" aseguró que de aprobarse la Ley de Seguridad Interior, se estaría incurriendo en un acto inconstitucional "ya que como lo establece el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos la seguridad pública debe estar a cargo de autoridades civiles".