La CIDH defenderá el caso de la ex jueza Isabel Álvarez Ramos, recluida en El Amate

·         La FG está actuando contra constancias: Noé Maza Albores

ASICh, 06 de junio del 2016.- La ex jueza Isabel Álvarez Ramos fue detenida por presuntos delitos cometidos en la administración de justicia, con una orden de aprehensión sin fundamento legal, sostuvo de manera categórica Noé Maza Albores, presidente de la Comisión Internacional de Derechos Humanos en Chiapas.

Acompañado del vicepresidente y del secretario de este organismo defensor de los derechos humanos, aseguró que tienen en su poder todos los elementos exculpatorios de la persona que fue sentenciada por la entonces jueza del Poder Judicial del Estado de Chiapas, por lo que nos atrevemos a sostener que fue una sentencia apegada a derecho la que dictó.

Dijo que están conformando un grupo de abogados penalistas para que se aboquen al análisis exhaustivo del expediente y se conozca perfectamente el contenido del trabajo realizado por personal y la autoridad de la antes Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas.              

Reveló que entre los documentos se puede señalar que en la averiguación previa las huellas dactilares de Omar Fernando Rosales Toledano, presunto culpable del asesinato de Viridians Flores Ramírez, fueron obtenidas en el momento en que estaba inconsciente. Y hay otros documentos, como la necropsia practicada a la persona fallecida, donde el médico legista declara contundentemente que no se trata de la persona por la cual está siendo juzgado el absuelto en esta sentencia.

La seriedad que representa la CIDH no solamente en Chiapas, sino a nivel nacional e internacional, nos permite aseverar lo anterior, porque contamos con todos los documentos exculpatorios. No estamos defendiendo ninguna situación que no sea legal, sino al contrario estamos defendiendo los derechos de un debido proceso que debe prevalecer en toda la instancia procesal.

Con la experticia de haber sido juez, enfático dijo que cuando un juez recibe la causa penal para determinarla y en su caso confirmar la orden de aprehensión, y en su caso la sentencia debe fundamentarse en lo que está dentro de los autos. Si hay elementos suficientes para una sentencia de condena, así lo hará. Pero, también si hay elementos suficientes exculpatorios tendrá que determinar lo procedente. Por una razón, nuestro Código de Procedimientos Penales, aplicable en este caso, claramente establece que dictaminar contra constancias es un delito.

Por lo anterior, concluyó que la Fiscalía General del Estado imputó una responsabilidad penal contra la jueza, quien en un término constitucional se encuentra detenida en El Amate. Eso sí consideramos que se dio en forma ilegal. Por una razón, la FG está actuando contra constancias, por lo que llegaremos hasta las últimas consecuencias. Vamos a invocar la protección de la Secretaría de Gobernación, de la Subsecretaría de Derechos Humanos y en su caso de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos.

No es posible que haya este tipo de actuaciones con los responsables de conducirse apegados a derecho, subrayó.

Dijo que la CIDH investigó la trayectoria de la exjueza Isabel Álvarez Ramos, por lo que el 24 de noviembre le entregó un reconocimiento por sus 25 años de trayectoria, con una marcada probidad y honestidad, y a su vez el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chiapas en el mes de diciembre le dio un reconocimiento por sus 25 años de servicio dentro del Poder Judicial.

Maza Albores consideró que las autoridades de la procuración y administración de justicia deben conducirse con la verdad. No podemos permitir que estas violaciones se presenten contra una exfuncionaria del Poder Judicial, porque si con ella se está cometiendo este tipo de arbitrariedades qué podemos esperar con otro ciudadano.

La ley es para que se transparente en todas las actuaciones. Y si hay duda, aquí tenemos los documentos correspondientes en donde se acredita que la exjueza Isabel Álvarez Ramos dictó una sentencia totalmente apegada a derecho, lo cual lo demostraremos con el análisis exhaustivo que se realice al expediente penal 28/2018, el cual contiene todas las pruebas, sobre todo que los abogados y defensores de los derechos tenemos la obligación de que la ley se respete, puntualizó. ASICh